El derecho a otras formas de transitar por la ciudad

Las necesidades de desplazarse y relacionarse son inherentes a la vida urbana y los ciudadanos tienen derecho a transitar por la ciudad en condiciones que garanticen su calidad de vida y su seguridad. Las ciudades necesitan modelos de movilidad sostenibles, en los que prevalezca el transporte público y se dé prioridad a garantizar el derecho de todos a moverse, que no creen barreras y jerarquías contrarias a la equidad y a la cohesión social y que incidan positivamente en el dinamismo social y económico.

La generalización del uso del automóvil privado supuso un cambio radical en el urbanismo. Las ciudades se han visto sometidas al imperio de los coches, que ofrecen unas posibilidades para desplazarse con las que es difícil competir y que han ocupando cada vez más espacio en perjuicio de otros posibles usuarios, a la vez que consumen grandes cantidades de energía y deterioran el medio urbano contaminando el aire y generando ruido.

El diseño urbano ha quedado supeditado a las exigencias y las posibilidades que plantea el automóvil privado. Las grandes infraestructuras y los nuevos desarrollos urbanos periféricos, cada vez mas alejados y dispersos, provocan unos mayores costes en el transporte de personas y bienes al forzar una movilidad innecesaria. Costes económicos, energéticos, pero también sociales porque la movilidad forzada supone merma del tiempo de ocio y de la calidad de vida.

Frente a un modelo que lleva decenios manifestándose ineficiente e insostenible, es imprescindible afrontar cambios en la movilidad y la accesibilidad, promoviendo modos de transporte con menos impacto social y ambiental y reduciendo las necesidades de desplazamientos en automóvil privado.

Es oportuno reflexionar sobre los grandes retos a afrontar ante tan conveniente como inevitable cambio de modelo. Desde una consideración transversal y holística de la movilidad, como componente fundamental del derecho a la ciudad, se buscan respuestas de los expertos a las siguientes cuestiones:

• ¿Garantiza el derecho a la ciudad el actual modelo de movilidad?
• ¿Cómo es el reparto de responsabilidades entre las distintas Administraciones?
• ¿Qué papel debe jugar la sociedad en el cambio de modelo?
• ¿Cómo llegar a una nueva cultura de la movilidad como derecho universal, más respetuosa con el medio ambiente y como factor de equidad y de cohesión social?
• ¿Cómo ven los ciudadanos las peatonalizaciones, el acceso exclusivo a residentes, los límites de velocidad o las restricciones por contaminación?
• ¿Cómo combatir la inercia social a favor del uso del automóvil privado, símbolo de estatus y muchas veces el medio más cómodo y rápido para desplazarse?
• ¿Cómo evaluar y reducir los costes económicos y sociales de la congestión viaria, como factor de ineficiencia y de merma de la calidad de vida?
• ¿Cómo corregir los errores del urbanismo expansivo pensado por y para un uso intensivo del automóvil privado?
• ¿Cómo hacer frente a los problemas de unas aglomeraciones metropolitanas excesivamente centralizadas?
• ¿Es previsible una reducción de los índices de automoción de los hogares?
• ¿Son posibles otras ciudades que no estén exclusivamente pensadas para facilitar el uso del automóvil?
• ¿Cómo recuperar para otros usos los espacios “expropiados” y degradados por el tránsito motorizado, el aparcamiento?
• ¿Cómo recuperar espacio para el transporte colectivo y para otras modalidades de transporte?
• ¿Se están apoyando suficientemente las alternativas al automóvil?
• ¿Las nuevas iniciativas de coche eléctrico o coches compartidos son sólo soluciones paliativas?
• ¿Son adecuadas las políticas de tasas para reducir el uso del automóvil?
• ¿Qué papel podría jugar la llamada “movilidad virtual”?